Si se tienen en cuenta las 29 empresas que el Ejecutivo pretende eliminar de aquí a final de año, la cifra total de sociedades mercantiles asciende a día de hoy a 210. Este dato es prácticamente el doble de las empresas públicas reconocidas por el Gobierno el pasado viernes. Según la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, sólo había 106 compañías públicas, pero los datos no cuadran.

La explicación que se da desde el Ministerio de Economía es que el ajuste se ha centrado en las 106 entidades en las que el Estado tiene participación directa y puede decidir por sí mismo. Pero no se trata del total de sociedades mercantiles con participación mayoritaria estatal que aparecen en el Inventario de Entes Sector Público Estatal, que es bastante más amplio. En este caso, teniendo en cuenta el número total hay que aclarar que la reducción de empresas no sería del 27,4%, como se explicó calculando sobre las 106, sino del 13,8% del total (210).

De hecho, atendiendo a la información pública del citado inventario hay 130 entidades en las que el Estado ostenta el 100% de la propiedad.

Debido a la divergencia de datos y a la falta de detalle en la lista de sociedades mercantiles que serán suprimidas de aquí a final de año, en el siguiente análisis vamos a tener en cuenta la cifra total de entidades registradas en el inventario para tratar de dibujar el panorama de la empresa pública en España.

De las 210 sí es cierto, que 19 ya estaban en proceso de liquidación o sin actividad. Pero lo más llamativo es algunas, como Consorcio Río San Pedro, llevan muchos años para echar el cerrojo. Esta compañía de gestión urbanística, concretamente está sin actividad desde hace más de una década (1998) y desde entonces se está liquidando. Éste punto ha sido reconocido por la Ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado que admitió el pasado viernes que se trataba de compañías provenían de reconversiones anteriores pero que por motivos diversos seguían vigentes pero sin actividad.

La mayoría, 105, se ubican en Madrid, un hecho lógico dada su condición de capital. Sin embargo, llaman más la atención las 22 sociedades estatales (más del 10%) con sede en Andalucía. Y dentro de éstas, concretamente, las 12 que hay en Cádiz. Además, estas empresas abarcan una diversidad de sectores desde los propios de lugares pesqueros (servicios de estiba y desestiba de buques), hasta la gestión de aparcamientos, promoción inmobiliaria o explotación del corcho.

A la comunidad andaluza le siguen Asturias (10), Galicia (12), Castilla y León (6), Canarias (5), Baleares (4), Extremadura (4), Murcia (3), Valencia (3), País Vasco (3), Aragón (2), Cantabria (2), La Rioja (1), Ceuta (1) y Melilla (1).

Hay que resaltar que ni Navarra ni Castilla-La Mancha acogen a ninguna sociedad estatal.

Además, el Estado español tiene compañías en otros países como Portugal, Rumanía, Venezuela, Colombia y Paraguay. ¿Lo sabían?

Por destacar algunos ejemplos, tenemos una empresa llamada Colonización y Transformación Agraria, que se dedica al sector agropecuario, en Asunción (Paraguay). También hay otra curiosa, ETSA DOI SRL, cuya actividad es el transporte de mercancías peligrosas y tiene su sede en Bucarest (Rumania).

Repasando el inventario uno se puede encontrar otras sorpresas. La Administración posee múltiples empresas del sector inmobiliario (como Inmobiliaria de la Zona Franca de Cádiz), también sociedades de capital riesgo (este es el caso de Vigo Activo Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Simplificado, S.A.) e incluso hay una empresa, aunque ya sin actividad, capaz de combinar el tratamiento de productos de origen animal y la compra-venta de acciones (como ocurría en APROTEC, S.A.).

Otra nota curiosa que uno puede descubrir es que el 99% de la empresa de información económica y financiera de empresas y empresarios online, Informa, también es del Estado.