Sanidad sigue dando pasos adelante para desarrollar la peculiar idea de convertir a pensionistas ya retirados en una especie de médicos de sus propios cónyuges o familiares enfermos. La fórmula pasa por darles cursillos exprés de 15 horas y otras diez "voluntarias" que les avale como "cuidadores no profesionales", un atajo administrativo para aligerar las listas de espera al que el Ministerio de Trinidad Jiménez destinará 28,3 millones de euros en 2010, según las actas del último Comité Consultivo a las que ha accedido este diario.

Se trata de nueve veces más de lo que invertirá la Administración, a través de la Fundación Tripartita, a sufragar planes de formación orientados específicamente a personal sanitario.

La nueva partida escuece tanto a la patronal como a los sindicatos. Y es que la norma deja claro que el objetivo del cuarto pilar del Estado de Bienestar es procurar una atención profesional a los enfermos -mediante plazas en residencias, centros de día, etc.- Sin embargo, la realidad va por otros derroteros: en la actualidad la mitad de las ayudas concedidas (el 49,3%) llega a las familias a través del formato cheque.

Esto es, la Administración les abona una cantidad mensual para que ellas mismas procuren a sus familiares la atención necesaria. Esta situación atrapa ya a 318.843 casos.

Y, lejos de ser un fenómeno en extinción, el Gobierno sigue dando cuerda a esta práctica. La razón es cien por cien económica, como los consejeros autonómicos han dejado en evidencia en las últimas reuniones con Sanidad. Algunas comunidades justifican que a menudo los familiares se sienten más cómodos vigilando de cerca a sus dependientes, en vez de dejarles en una residencia.

Pero a nadie se le escapa que esta fórmula casera ahorra importantes costes. Dar una paga en mano de entre 300 y 519 euros a los «cuidadores informales» es siempre más barato que costear una plaza residencial a los discapacitados (con precios que oscilan entre 1.400 y los 2.500 euros al mes, en función del territorio).

Toda esta pirueta se antoja especialmente paradójica si se tiene en cuenta que en 2011 el personal dedicado a la Ley de Dependencia tendrá que estar en posesión de un "certificado de profesionalidad", porcentaje que deberá llegar hasta el 100% en 2015, fecha en la que en teoría estará totalmente implantada la red de Dependencia.

Para que esto se cumpla, 40.000 profesionales deberían pasar por un curso de reciclaje este mismo año, un objetivo para el que harían falta, según las distintas patronales, alrededor de 100 millones.

Una vez más los números son tozudos. Lograr una Ley de Dependencia eficaz sale caro en un momento en el que el Ejecutivo busca recovecos para limar el déficit público. Los jubilados contribuirán a esta causa por dos vías: a la congelación de sus pensiones se une ahora esta nueva carga. La de cuidar prácticamente a coste cero a sus enfermos.

La reciente documentación que ha compartido el Ministerio de Sanidad con los agentes sociales deja en evidencia que el 95% de las comunidades -todas menos Cantabria y Asturias- llevan dos años sin fijar "el porcentaje de copago" en su territorio; "los criterios de acreditación" de cuidadores no profesionales, y los "procedimientos de valoración" de los enfermos.

El Departamento de Trinidad Jiménez se reunió ayer con las comunidades para anunciarles que las reglas de reparto de fondos sufrirán variaciones. El objetivo es beneficiar a las que demuestren más enfermos atendidos, en menoscabo de los tradicionales criterios de insularidad, número potencial de enfermos, etc, algo que ha irritado a la mayoría porque supondrá recortes.

El Gobierno insiste en que la Ley de Dependencia es su bandera social. Para este año se vanaglorió de un incremento de los recursos a este fin de más del 30%. Pero lo cierto es que la subida real es del 2%: el Ejecutivo no tiene en cuenta que el año pasado fijó un fondo extra de 400 millones derivado del Plan E, por lo que la inversión global pasará de los 1.559 millones a los 1.581 millones.