De hecho, fue conocida como enmienda Florentino porque ACS, la empresa que preside, tendría así más posibilidades de acceder al Consejo de Iberdrola, ya que elimina las limitaciones de voto que actualmente tienen las sociedades y que impiden una traslación proporcional de la propiedad en los órganos de control.

El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pactó con el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, la aprobación de esta enmienda a cambio de que se demorara un año su entrada en vigor.

En el debate final sobre la norma, los portavoces del PNV e Izquierda Unida, Pedro Azpiazu y Gaspar Llamazares respectivamente, mantuvieron ayer su rechazo a la enmienda atribuyéndola a la presión de grandes empresarios. "La presión de algunos intereses muy potentes ha triunfado y el PSOE ha puesto gratuitamente en riesgo a muchas empresas", dijo Azpiazu. "Responde a intereses particulares", añadió Llamazares.

Además, el pleno aprobó la ley de morosidad que busca reducir los plazos de los pagos de las Administraciones, según explicó Josep Sánchez Llibre, diputado de CiU, la formación que impulsó la norma y casi ha arrastrado al PSOE a aprobarla.