Hasta septiembre u octubre no se conocerá el ahorro exacto que supone eliminar estos cuatro programas, que el año pasado costaron 517 millones de euros. De estos, el que más dinero se llevó fue la ayuda estatal directa a la entrada (306 millones). Con estos fondos, el Gobierno subvencionaba la compra de pisos protegidos con una cantidad que iba de 4.000 euros para los beneficiarios que ganaran más de 18.453 euros hasta los 11.200 para familias con rentas inferiores y que además tuvieran cinco hijos o más. A cambio, las hipotecas podrán llegar hasta el 90% del valor de la vivienda protegida, si es que el banco accede a prestar tanto dinero.

Pero no son estos los únicos recortes. Con carácter inmediato se elimina lo que se conoce como reserva de eficacia, que permitía a las comunidades dotarse de presupuestos adicionales cuando superaban sus objetivos; y ya no se compensará a las autonomías el pago de ayudas y subvenciones cuyo destino no se había justificado. Ahora mismo el ministerio dispone de 628 millones de euros para este concepto.

Todos estos recortes sentaron como un tiro en comunidades autónomas, partidos de la oposición y empresarios. Los consejeros mostraron su descontento en la conferencia sectorial de vivienda celebrada ayer en Madrid. El representante catalán considera que se trata de "un atentado muy importante de política social"; y la consejera madrileña acusó a la ministra Beatriz Corredor de falta de transparencia. Las inmobiliarias culpan al Gobierno de "ahogar" la incipiente recuperación del sector con estas medidas.