Con este objetivo, el Ejecutivo ofreció ayer a los empresarios y a los sindicatos varias medidas relacionadas entre sí. Incluso, y según las diversas fuentes consultadas, con el fin de convencer a la patronal, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llamó ayer con urgencia al dirigente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, para informarle de la propuesta de reforma laboral que el Ejecutivo iba a hacer horas después en la mesa de negociación. Al cierre de esta edición, las intensas discusiones no habían terminado.

La primera propuesta del Ejecutivo es la extensión del contrato de fomento del empleo indefinido a todos los nuevos trabajadores con este tipo de relación laboral. Este modelo de contrato tiene una indemnización por despido improcedente de 33 días por año de trabajo en la empresa hasta una cuantía máxima equivalente a dos años de salario.

Relacionada con esta propuesta, el Ejecutivo ofrece a la patronal que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) subvencione a las compañías ocho de los 33 días por despido. En esta cuestión, la patronal podría estar de acuerdo, siempre y cuando la financiación del Fogasa no supusiese para las compañías una subida de la cotización superior al 50% de la que pagan actualmente. Los sindicatos están dispuestos a aceptar esta propuesta. Sobre todo si, como aseguran el Gobierno y la patronal, esta reforma del contrato de fomento del empleo indefinido no afectaría a quienes tienen la fórmula ordinaria de empleo estable. Es decir, que tienen una indemnización por despido improcedente de 45 días por año de trabajo.

Tal vez el punto más difícil de esta cuestión del despido está en la demanda de la patronal CEOE de reformar la regulación del despido por causas económicas -procedente- que tiene una compensación para el trabajador de veinte días por año de servicio de hasta una cuantía máxima de un año de salario. Con una regulación más clara de este aspecto, la patronal quiere reducir la intervención del juez en los despidos, de manera que sean casi automáticos, sin que el magistrado tenga que analizar las razones empresariales para justificar la decisión. Por ejemplo, CEOE quiere que sea suficiente con justificar un determinado nivel de pérdidas, o de reducción de beneficios, aunque el nivel estaría por negociar.

La patronal propuso ayer explorar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que tiene varias sentencias sobre la posibilidad de aplicar un despido procedente ante una situación de dificultad de la empresa.

Es verdad, sin embargo, que, por esta última razón de facilitar el despido casi de forma automática, con una indemnización de veinte días por año de trabajo, los sindicatos no van a aceptar esta propuesta.

En cambio, las centrales están de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, que intenta compensarles, de restringir la utilización de los contratos temporales. Una de dos, reforzando las causas para su regulación, como, por ejemplo, acotando en el tiempo el contrato de obra y servicio, o subiendo la cotización empresarial. Tal vez, CEOE no tendría mucho problema en aceptar esta propuesta del Ejecutivo si se compensa a las empresas con las subvenciones a los contratos indefinidos a través de la fórmula de fomento que nació en la reforma laboral de 1997.

En todo caso, las fuentes del Gobierno consultadas explicaron que si hay acuerdo, este servirá de base para elaborar el decreto de reforma laboral y, si no, el Ejecutivo dictará sus propias líneas para cambiar el mercado de trabajo.

Detalles

1. El Gobierno ofrece la extensión a todos los nuevos trabajadores fijos del contrato con indemnización por despido improcedente de 33 días por año de trabajo.

2. El Ejecutivo ofrece a CEOE que el Fogasa pague ocho de los 33 días de esta indemnización para reducir los costes de las empresas en este asunto.

3. El Gobierno quiere restringir la utilización de la contratación temporal poniendo trabas, o acotando en el tiempo, el modelo de obra y servicio.

El Gobierno también ofreció ayer a la patronal y los sindicatos un punto en el que ambos pueden estar de acuerdo, como es una nueva utilización de los expedientes de reducción de jornada en las empresas que atraviesen una situación difícil. Se trata de hacer posible que, en vez de ser despedidos, los empleados trabajen menos horas, pero aprovechando el resto de la jornada en el reciclaje de la formación.

El Gobierno quiere impulsar esta fórmula, siguiendo el modelo de Alemania, que tiene en esta condición a 1,5 millones de trabajadores. Obviamente, el Ejecutivo estudiaría la fórmula de incentivar a las empresas para que utilicen esta forma de regular la actividad en tiempos de crisis.

Por último, y dentro de los puntos clave de la reforma, el Gobierno propuso una reforma de la llamada cláusula de descuelgue de las empresas en la negociación colectiva. Se trata de hacer más rápida la posibilidad de que una empresa pueda incumplir las condiciones establecidas en el convenio del sector si no tiene la posibilidad de cumplirlas por sus dificultades