Este informe es resultado de las inspecciones realizadas hasta el 27 de julio, aunque los controles siguen. AENA, el ente público gestor de los aeropuertos, solicitó este proceso de inspección hace unas dos semanas al considerar que el aumento de absentismo en el sector de los controladores seguía una pauta organizada para protestar de forma emboscada contra el tijeretazo a sus condiciones laborales.

 

El decreto ley que modificó el sistema de trabajo y -en la práctica- recortó los ingresos de estos profesionales un 40% (de unos 350.000 a unos 200.000 euros anuales) entró en vigor en febrero y, desde entonces, las bajas se han triplicado: de unos 1.200 días de baja en enero y febrero a 3.458 en mayo, 4.315 en junio.

 

El portavoz de los controladores, Daniel Zamit, se quejó de que AENA fuerza a algunos controladores a trabajar "estando incluso bajo medicación, tomando ansiolíticos". "AENA ha puesto coches para llevar a controladores de su casa al trabajo, reconociendo de alguna forma que no están del todo bien", añadió Zamit. El sindicato recordó que ninguno de los controladores puede volver al trabajo sin el visto bueno del Centro de Investigación Médica Aeronáutica (CIMA).

 

Gran parte de las bajas médicas que han proliferado en los últimos meses están relacionadas con el estrés, agotamiento y ansiedad, muy difíciles de comprobar por un médico, que no puede correr riesgos con un trabajador con la responsabilidad de un controlador aéreo: son los que guían los aviones y por sus manos pasan cada día miles de vidas.

 

La Seguridad Social ha detectado "una elevada frecuencia de procesos de enfermedades de muy corta duración, por encima incluso de la que es habitual en momentos tales como epidemias de gripe, alergias estacionales, etcétera, que hasta la fecha no se había producido ningún caso con una incidencia similar de bajas". En estos controles, la Inspección Médica de la Seguridad Social y la de los Servicios Públicos de Salud citan a reconocimiento médico a los controladores que se encuentran en situación de incapacidad para valorar su situación, aunque en muchas ocasiones los profesionales han acudido directamente a solicitar sus altas.

 

El absentismo alcanzó picos el fin de semana del 17 y el 18 de julio en el Centro de Control de Barcelona, cuando llegaron a faltar el 40% de los controladores, lo que llevó al ministro de Fomento, José Blanco, a acusar al colectivo de actuar siguiendo consignas sindicales y a pedir la inspección.

 

La jornada obligatoria de los controladores aéreos ha pasado de 1.200 (más 600 extra) a 1.670 (más 80 extra) con la nueva ley y el sector se queja de que muchos de los trabajadores realizan jornadas muy superiores a las que hacían y que, al reducirse las dotaciones de profesionales en las torres y centros de control, tienen más aviones a su cargo, con lo que se multiplican las situaciones de estrés y taquicardias, entre otras dolencias. Blanco replicó a estas quejas y recalcó que "cuando se pagaban como horas extra, no sufrían tanto estrés".

 

Los controladores se quejan de una "campaña de desprestigio" por parte del Gobierno para justificar algunas medidas como la gestión privada del control del tráfico aéreo en algunos aeropuertos, que comenzará en 2011, y su sustitución en otro por técnicos de información (los llamados AFI). La Gomera fue ayer el primer aeropuerto español en inaugurar este sistema.