Esta iniciativa, propuesta por CiU, instaura el pago de las facturas del sector público a 30 días y de las empresas a 60 días, y elimina la posibilidad de que las compañías pacten un plazo mayor con sus proveedores.

Si la reforma sale adelante y se logra bajar de los actuales 101 días a 60 días el plazo medio de pago entre compañías se inyectarían en el tejido de las pequeñas y medianas empresas (pymes) más de 6.400 millones. Y más de 3.000 a las grandes firmas, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM).

Si, además, el sector público pagase a tiempo -ahora lo hace a 154 días, cuatro meses más tarde de lo que debería- se devolverían a la economía real más de 9.300 millones de euros, casi otro 1% del PIB, apunta la consultora líder en europa en gestión de crédito, Intrum Justitia (IJ).

En total, se estima que el cumplimiento de la ley podría salvar 600.000 puestos de trabajo, según los cálculos realizados por la PMCM, teniendo en cuenta una encuesta a más de 95.000 empresas y los datos del propio Gobierno. «Miles de empresas y autónomos dependen en gran medida de la aprobación» de la norma, subrayan desde la PMCM.

La aprobación de la propuesta estaba encarrilada hasta la mañana de ayer. Todos los partidos estaban de acuerdo, a falta de la valiosa adhesión del PSOE. La formación en el Gobierno ultimaba por la tarde sus enmiendas transaccionales para sumarse a la entente parlamentaria. Los socialistas quieren que se elimine la cláusula «salvo pacto en contrario», que permite a las compañías acordar la dilación del pago, pero no para las compañías grandes.

El principal caballo de batalla es que el PSOE quiere que se impida pactar sólo con las empresas con menos de 8 millones de euros de facturación, pero podría aumentar ese límite hasta 50 millones -el tope para ser considerada pyme, según la UE-. CiU quería llegar más allá, a los 100 millones de facturación, para abarcar un mayor número de empresas.

A las 21:15 horas de ayer, CiU y PSOE rompieron las negociaciones para reanudarlas más tarde. Habían llegado a un acuerdo relativo al sector alimentario, pero prefirieron empezar luego desde cero, según fuentes cercanas a la negociación. El acuerdo, de haberlo, se esperaba para última hora de la noche o para esta mañana.

La importancia de este debate radica en que España es, después de Grecia, el país con plazos de pago medio más altos de la UE, con una media de 94 días. La media europea está en los 54 días. En España, el 90% de las compañías -más de tres millones- «cobra con retraso, porque a su vez sus clientes están sufriendo dificultades financieras», según Intrum Justitia.

Pero la implantación de esta reforma -que se escalonaría en el tiempo- no garantizará el cumplimiento de los plazos, ya que no se instaura el pago de intereses de demora «de oficio», como señala el experto en morosidad Pere J. Brachfield. «No creo que las cosas cambien radicalmente, pero sí preveo que mejoren los plazos de pago», señala Luis Salvaterra, director de Intrum Justitia Ibérica.

Fuentes parlamentarias aseguraron que un día antes de la votación la división en el seno del Gobierno sobre la medida aún era más que palpable. De hecho, el Ejecutivo ya utilizó su Ley de Economía Sostenible (LES) para ir contra esta propuesta.
El problema es que la lucha contra la morosidad de la LES quedaba en agua de borrajas, ya que las empresas podían volver a dilatar sus pagos a través de las facturas. La respuesta de las pymes y los partidos de la oposición fue furibunda. El PSOE ha plegado velas y busca un pacto de última hora.

CiU no aceptará cambios del PSOE en los plazos de pago, ni en la eliminación de la cláusula «salvo pacto entre las partes». El diputado ponente del PP, Ramón Aguirre, que ya auguraba hace unos días posibles «fisuras en las enmiendas transaccionales» a la ley, aseguró ayer que el PSOE está con las grandes empresas y se olvida de las pymes, en referencia a que los socialistas querrían que el límite de realizar los pagos en un máximo de 60 días se aplique sólo a pymes y autónomos y no a grandes empresas.

«Hoy se juega una de las partidas más importantes de la economía española», señala Antoni Cañete, portavoz de PMCM, que representa a 1,5 millones de empresas y a 460.000 autónomos. Rafael Fernández, presidente de Cepco, arguye: «Había que ponerle un límite a este desmadre.

El pago en 60 días es razonable, pero en la construcción podríamos haber aceptado los 90 días». La patronal de proveedores sanitarios, Fenin, apunta que el sector público tarda hasta 300 días en pagar y adeuda unos 3.000 millones al sector, un 20% más que en 2008.