El desencuentro sobre la política fiscal es, quizás, el que mejor sintetiza las diferencias insalvables que separan a los principales partidos y que anticipan el fracaso del pacto global que el Gobierno se empeña en buscar para superar la recesión. De hecho, el PSOE ya no habla de pacto de Estado porque ha caído en la cuenta de que, dadas las circunstancias, no le conviene tampoco levantar grandes expectativas. De cualquier modo, su intención de convertir al PP en el chivo expiatorio de este previsible fracaso, tampoco ha calado. De momento.

En la reunión celebrada ayer en las dependencias que Fomento tiene en la madrileña calle de Zurbano se dieron cita con portavoces de todos los grupos parlamentarios la vicepresidenta económica, Elena Salgado y los ministros José Blanco y Miguel Sebastián. Los grupos analizaron el guión de tres páginas que conocieron la víspera, a la espera de que el lunes el Gobierno concrete las medidas que propone y de que el miércoles comiencen las reuniones bilaterales. El primero en ser recibido será el PP.

Al finalizar la reunión, Salgado intentó respetar el guión que llevaba escrito: "Vamos a considerar todas las propuestas con el mayor ánimo de consenso y a trabajar, por responsabilidad, por un acuerdo entre todas las fuerzas políticas". Pero cuando la vicepresidenta respondió a las preguntas de los periodistas comenzó a trazar algunas líneas rojas. La primera de ellas tiene que ver con la política fiscal: el Gobierno descarta reconsiderar la subida del IVA a partir de julio porque no ve "razones para cambiar la ley de Presupuestos", la mayoría de los organismos "creen que es una medida adecuada" y, además, "no distorsiona la actividad económica".

Salgado recordó que este aumento impositivo, como recoge el anteproyecto de ley de Economía Sostenible, tendrá "algunas excepciones", como la que afecta a la rehabilitación de viviendas, una circunstancia ligada al intento de crear empleo intensivo en este sector. Desde el Ministerio se aclararon por la tarde las palabras de la vicepresidenta: "Ninguna novedad".

¿Está trazando líneas rojas en la negociación?, se le preguntó a Elena Salgado. La vicepresidenta respondió negativamente, si bien admitió que en estas conversaciones habrá "ámbitos que queden excluidos" del proceso de diálogo. Entre ellos figuran, además, las pensiones y la reforma laboral.

Aquí surge el primer gran escollo porque el PP hace de la rebaja de impuestos una condición irrenunciable de su alternativa económica. "No vamos a apoyar ninguna subida impositiva", advirtió Cristóbal Montoro tras la reunión, en la que se mostró totalmente contrario a la subida del IVA. En este aspecto concreto, coincidió por razones diferentes con el líder de IU, Cayo Lara, contrario también a que se toque este impuesto. Sin embargo, Lara sí apostó por un aumento de la presión fiscal siempre que sea progresiva y, por tanto, grave las rentas más altas.

CiU coincide con el PP en su negativa a avalar la subida del IVA. El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, uno de los que en la reunión expuso sus ideas con mayor claridad, mantuvo que las diferencias sobre política fiscal entre los asistentes a la reunión "son insalvables" y que su partido, de momento, ha optado por practicar la equidistancia y mantener la cautela: "Todo está por hacer, hay dificultades objetivas para el acuerdo y hay partidos que están con el cuerpo dentro de la reunión y con el alma fuera", señaló en clara referencia al PP.

Otro foco de conflicto descansa en la reforma laboral que negocian sindicatos y empresarios. Hay partidos, como Esquerra Republicana, que reivindican también su voz en ámbito tan importante y otros, como el PP, CiU y Coalición Canaria, que advierten que de no alcanzarse pronto un acuerdo entre los agentes sociales, el Gobierno debería llevar al Parlamento su propia reforma e intentar pactarla con el mayor consenso posible.

Salgado reconoció ayer que el Gobierno no ha estudiado qué influencia tendría en el empleo un escenario ideal en el que pudiera conseguirse un pacto global para salir de la crisis. Este es uno de los principales agujeros negros en el discurso del Ejecutivo teniendo en cuenta que el propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha reconocido que "la reforma del mercado laboral no creará empleo".

La sensación que reina también en buena parte de los portavoces parlamentarios que ayer se reunieron con el trío gubernamental es que el Gobierno va a intentar volcar la futura ley de Economía Sostenible en el documento de trabajo que presentará el lunes a los partidos, para agilizar los acuerdos sobre aspectos puntuales de la misma con CiU y PNV, sobre todo. Este trabajo se encauzará a través de reuniones técnicas, a la que se podrán sumar expertos de los ministerios afectados. En el PP se opina, además, que hay aspectos del guión gubernamental que ya están superados por las circunstancias ya que el plan de rescate del sistema financiero está pactado desde el verano, al igual que ocurre con el desarrollo del modelo aeroportuario. En realidad, la interpretación que algunos partidos han hecho del índice general que les remitió el Gobierno el miércoles es que se les está trasladando una especie de "oferta para reconstruir el país", suplantando de alguna forma el papel que le corresponde al Ejecutivo. Montoro llegó a hablar de "concurso de ideas". Hoy será el último en pasar por el despacho del portavoz del Grupo Socialista en el Congreso y el miércoles será el primero en reunirse con Salgado, Blanco y Sebastián. Nadie en el Gobierno ha sido capaz de explicar por qué se ha relegado al PP al último lugar en el Congreso y se le ofrece la primacía como interlocutor en el Palacio de Zurbano. El PP tampoco lo entiende.