Es el denominado dinero negro o irregular de españoles que está situado en cuentas opacas en bancos en el extranjero, hasta ahora protegidas por el secreto bancario, que han puesto en jaque las autoridades de EEUU y Europa. El objetivo de estas fortunas es evitar tener que dar cuentas por un delito fiscal en España. Se calcula que hay más de 60.000 millones de euros en manos de españoles en esta situación.

Estos capitales temen que, ante la caída del secreto bancario en Suiza, su nombre aparezca en las listas de clientes de los grandes bancos del país como UBS, con lo que la Fiscalía Anticorrupción tendría que iniciar acciones contra ellos. El pasado 15 de junio, la Cámara Baja del Parlamento suizo aprobó la colaboración fiscal con Estados Unidos, por la que el país helvético deberá facilitar a las autoridades estadounidenses los datos de miles de clientes.

Antes de que su nombre pueda hacerse público y la Fiscalía Anticorrupción les persiga por delito fiscal (si son cuantías superiores a 120.000 euros), estos capitales tienen otra alternativa.

Fuentes consultadas apuntan que en muchos casos se están poniendo en contacto con la Agencia Tributaria, para dar cuenta de este dinero y pagar los tributos (IRPF o sociedades) que les corresponden. Además, para evitar el delito fiscal este pago se configuraría bajo la figura jurídica de la 'excusa absolutaria'. Esta figura permitiría la exención de responsabilidad penal, siempre que la Administración judicial no haya iniciado ya los trámites para perseguir el delito. Se trata, según las fuentes jurídicas consultadas, de una vía legal para repatriar este dinero irregular y evitar consecuencias penales.

Desde la Agencia Tributaria no reconocen esta operativa y apuntan que la clave para que el ciudadano que trae el dinero de vuelta a España no incurra en delito fiscal es que la generación de este capital haya tenido lugar cuatro años antes -será diez años cuando el Gobierno apruebe una reforma que está preparando-, porque el delito habría prescrito. La Agencia Tributaria se reserva, no obstante, las medidas oportunas para emprender investigaciones si considera que puede haber fraude.

Algunas de estas operaciones ya se han materializado en España en los últimos meses. Se trata de una vía a medio camino de la amnistía fiscal, como la puesta en marcha por el presidente de Italia, Silvio Berlusconi. El país transalpino ha iniciado un sistema para repatriar capitales, previo pago de un impuesto sobre el 5% del capital. Se calcula que el fisco italiano ha recaudado más de 80.000 millones de euros a través de esta vía.

En 1991, el Gobierno socialista de Felipe González puso en marcha una amnistía fiscal real que consistía en que estos capitales irregulares comprasen deuda pública remunerada al 2%, cuando los tipos de interés rondaban el 13%. 'En esta diferencia se encontraba una gravamen fiscal implícito', señalan las fuentes consultadas.

Las mismas fuentes sostienen que en España se ha barajado la posibilidad de una amnistía fiscal, pero que se ha rechazado ya que se consideraría impopular.

Este flujo de regreso de capitales llega en un momento en el que muchos grandes patrimonios españoles están estudiando fórmulas para llevar su capital al exterior. La subida de impuestos a las rentas altas que ultima el Gobierno ha sido el detonante para que las fortunas pongan a trabajar a sus asesores patrimoniales y fiscales.

Las entidades suizas gestionan casi un billón de dólares (0,81 billones de euros) de grandes clientes europeos. Por ello, la canciller Ángela Merkel está decidida a acabar con el secreto bancario también en la UE.

Aunque todo depende de las medidas que anuncie el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, las destinos que más están barajando los asesores patrimoniales son Luxemburgo e Irlanda, con sus sicav y SIF (fondos de inversión especializados, por sus siglas en inglés) y unit linked (seguros vinculados a productos de inversión) como principales atractivos. Sin ofrecer ningún tipo de agujero fiscal, estos mercados permiten que las grandes fortunas ahorren por el Impuesto de Sociedades y el de Patrimonio respecto a España.