El malestar de la mayoría de las comunidades autónomas con el plan de austeridad decidido por el Gobierno, que implica un recorte de 50.000 millones de euros hasta 2013, de los cuales 10.000 millones les corresponden a ellas, amenaza con abrir un nuevo frente de conflicto con el Ejecutivo que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, trata de sellar a toda costa. De hecho, ayer dejó claro en el Congreso que el Ejecutivo no cambiará la Ley de Estabilidad Presupuestaria para imponer techos de gasto a los gobiernos regionales pues, además de ineficaz, sería contraproducente.

"Vamos a tratar que las comunidades autónomas puedan contribuir a la consolidación fiscal, pero dentro de lo que marcan las leyes. Habrá sacrificios, pero ayudarán a mejorar la situación económica", mantuvo Salgado. La vicepresidenta recordó que la ley de Estabilidad heredada del PP no incluye precepto alguno para limitar los techos de gasto de las comunidades, en contra de lo que pide ahora el primer partido de la oposición .

Salgado recordó que éstas últimas y los ayuntamientos disponen de un plazo de tres meses para aprobar sus planes de austeridad. El próximo día 23, se verá las caras con todas las partes implicadas para abordar la reestructuración del gasto público. Mientras que para la Administración General del Estado puede resultar relativamente fácil reducir un 4% el capítulo de personal, para algunas comunidades puede ser un auténtico embrollo ya que el 80% de las nóminas están ligadas a las plantillas de sanidad y educación.

No pocos presidentes regionales se preguntan cómo van a cumplir con estas reglas si aspiran, como es lógico, a poder cubrir las vacantes por jubilación que dejen médicos y maestros. "Espero que comunidades y ayuntamientos, con independencia de su color político, pongan de su parte en la consolidación presupuestaria", añadió la vicepresidenta. Salgado ve imposible reducir el déficit autonómico "sin consenso con las comunidades", de ahí que en lugar de fijar los techos de gasto sea partidaria de establecer los objetivos de estabilidad.

El debate registrado ayer en el Congreso, paralelo a la negociación con los partidos que el Gobierno mantiene en el madrileño palacio de Zurbano, volvió a reflejar las principales fronteras que separan al Gobierno del principal partido de la oposición. El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, volvió a dejar claro que su partido no va a alcanzar un acuerdo global "con un Gobierno que sube impuestos". "Ahí no nos van a encontrar para nada, si el Estado quiere recaudar más, que cree actividad económica y empleo, la subida de impuestos es un grave error que pagaremos caro", añadió.

La portavoz del PSOE, Marta Gastón, le replicó emplazándole a convencer a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de que deben frenar su déficit, mientras que la propia Salgado recordó la situación financiera, de alto endeudamiento, por la que atraviesa el Ayuntamiento de Madrid.

Durante el debate, Salgado enfatizó la "credibilidad absoluta" que, en su opinión, España tiene en los mercados internacionales. "La deuda pública", abundó, "va a mantenerse de forma gestionable". Salgado cifró también en el 0,1% del PIB (unos mil millones de euros) el impacto que tendrá el plan contra el fraude fiscal que hoy aprobará el Gobierno. Gracias a los sucesivos planes de la Agencia Tributaria contra el fraude, recordó la vicepresidenta económica, han podido aflorarse 35.000 millones de euros en los últimos ejercicios.