La titular de Economía calificó la reforma de "ejercicio de responsabilidad" del Gobierno que, dijo, podría haber esperado hasta 2013 para presentarla.

Además, recordó que fue el Parlamento el que instó al Ejecutivo a presentar una propuesta sobre la reforma del sistema de pensiones que, insistió, podría empezar a presentar problemas a partir de 2025 por los cambios demográficos de la sociedad española.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha afirmado hoy que la propuesta del Gobierno de retrasar a los 67 años la jubilación "no tendría sentido como medida inmediata, cuando el mercado está destruyendo puestos de trabajo".

El ministro ha afirmado que la medida responde a un "análisis demográfico de futuro", por lo que no entraría en vigor "hasta dentro de tres o cuatro años". "Sería mala" si se planteara como una respuesta a la crisis, ha explicado Corbacho, y ha añadido que "el problema" se dará en el futuro, ya que la población envejece y los jóvenes se incorporan cada vez más tarde al mercado laboral.

El ministro ha subrayado que al demorar la edad de jubilación se pretende incorporar al mercado de trabajo "al mayor número posible de personas", ya que en 2050 el peso de los mayores de 65 años en el conjunto de la población española representará el 50%, ha afirmado.

Sin embargo, para el portavoz de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro, el Gobierno está "matizando" la reforma porque se está "asustando" de lo que han propuesto, dadas las reacciones de los sindicatos y de la mayoría de los partidos políticos.

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, se mostró hoy convencido de que la reforma del sistema de pensiones propuesta por el Gobierno puede concitar consenso, porque no ha percibido «una resistencia de principio absoluta» en los agentes sociales ni en los partidos políticos.

Pero, los agentes sociales siguen mostrando sus reticencias. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, consideró hoy que el Gobierno no logrará el consenso político necesario para elevar la edad legal de jubilación y auguró que si finalmente la saca adelante mediante un acuerdo minoritario "tendríamos problemas".

"En función de lo que han dicho los grupos políticos me da la impresión de que no van a lograr el consenso necesario", dijo Méndez en referencia a la comisión no permanente del Congreso del Pacto de Toledo a la que el Ejecutivo remitirá su propuesta.

Por su parte el ex diputado socialista y ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, aboga por "romper con la lógica" actual del sistema de pensiones y convertirlo en un "derecho financiado por impuestos generales", de manera que no dependa del número de trabajadores y las cotizaciones sociales que abonan desde sus salarios, "sino por la riqueza general del país".

Sevilla plantea el desarrollo de su propuesta a través de una transición a veinte años que vaya reduciendo las actuales cotizaciones sociales a la vez que se crea e implanta un "Impuesto General sobre el Gasto" vinculado al IRPF y a Sociedades y cuya base impositiva sería la diferencia entre lo ingresado cada año y lo ahorrado. "Es decir, un impuesto sobre el gasto. Por otro lado, todas las pensiones se irían unificando en una sola cuya cuantía sería diferente en función de un número de variables que pueden incluir años trabajados, salarios percibidos o estado de necesidad", añade.

"Las pensiones no pueden depender de cuántos trabajen, sino de cuán ricos seamos como país, dado que las mejoras en productividad y la redistribución de la renta permiten desvincular ambos lados de esa ecuación", incide el ex ministro socialista, quien cuestiona que en la España del siglo XXI "pueda seguir valiendo un instrumento corporativo de política social concebido a finales del XIX".