No ha sido fácil. La compañía que preside César Alierta ha tenido que jugar al gato y al ratón, con sus hasta ahora socios portugueses, amenazando con medidas legales pero sin cortar en ningún momento los puentes de negociación. Ahora rompe amarras con PT: se desvincula de su capital, donde llegó a poseer el 10%, ahora reducido a un 2% testimonial, y disuelve Brasilcel, la sociedad conjunta tenedora del 60% de las acciones de Vivo.

 

Los consejos de administración de las dos empresas sellaron ayer el pacto alcanzado la noche del martes. Telefónica pagará 7.500 millones por el 50% de Brasilcel, la sociedad que controla el 60% de Vivo. Lo hará en tres plazos: 4.500 millones cuando se cierre la operación (lo que se espera en los próximos dos meses), 1.000 millones el próximo 30 de diciembre y 2.000 millones el 31 de octubre de 2011 (aunque PT puede pedir que se adelante este último pago al 29 de julio de 2011 recibiendo 25 millones menos). Esta cantidad es un 31,5% superior a la de 5.700 millones de la primera oferta que presentó el pasado 6 de mayo, y 350 millones más que la aprobada por la junta de accionistas de PT el 30 de junio pasado, y que fue vetada por el Gobierno portugués que ejerció la ilegal acción de oro. Pero como parte del pago es aplazado y se han suprimido mejoras como el pago de un dividendo pendiente de 52,9 millones, en la práctica el aumento es de 100 o 150 millones.

 

Adicionalmente, Telefónica presentará una oferta pública de adquisición sobre las acciones ordinarias de Vivo que no son titularidad de Brasilcel y que representan, aproximadamente, el 3,8% del capital social de Vivo, por unos 800 millones.

 

El pacto también prevé la posible adquisición de la sociedad brasileña Dedic, propiedad de PT y responsable de los servicios de atención al cliente de Vivo, y un pacto industrial en materias como compras, tecnología e intercambio de mejores prácticas y de experiencia de gestión que será difícil que dé todos sus frutos entre competidores.

 

En el acuerdo final, que no varía sustancialmente del que se estuvo a punto de firmar el pasado 16 de julio con el Consejo de PT, ha jugado un papel decisivo la labor diplomática. De hecho, el desbloqueo del mismo no ha llegado hasta que el Gobierno del José Sócrates no ha tenido el plácet del Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que PT entre en el capital de Oi, controlada por el Estado brasileño. Portugal ha hecho de la presencia en su antigua colonia una bandera nacionalista y Sócrates no estaba dispuesto a aceptar que PT saliera de Brasil, incluso aunque el Tribunal de la UE declarara ilegal la acción de oro empleada contra la propuesta de Telefónica. De hecho, Sócrates no ocultaba ayer su alegría por el desenlace del culebrón hispano-luso: "Ha valido la pena resistir a las presiones de los mercados financieros y de los intereses inmediatos", aseguró.

 

PT tomará un 22,38% del operador suramericano con una inversión máxima de 8.400 millones de reales (unos 3.650 millones de euros). Es decir, que empleará la mitad de los fondos que consiga de Vivo para invertir en el principal competidor de Telefónica en Brasil, con 62 millones de clientes. La posible entrada de Telemar, matriz de Oi, en el capital de PT con hasta un 10% completa el nuevo eje Portugal-Brasil.

 

Los gestores de PT también entienden que han cumplido con su labor. Han conseguido para sus accionistas 1.800 millones más de los que Telefónica ofrecía inicialmente, y salvar la cara del Gobierno manteniendo la presencia en Brasil de la compañía, y con participación en la gestión de Oi.

 

"Hemos ganado tiempo para la búsqueda de una solución alternativa", reconocía sin ambages el presidente de PT, Zeinal Bava. El consejero delegado de PT, Henrique Granadeiro, defendió lo que llamó "diplomacia empresarial" practicada por numerosos líderes no solo Sócrates y Lula da Silva, sino también por los franceses Giscard y Sarkozy. Y concluyó: "Hasta el presidente Obama, cuando viaja aprovecha para hacer algún negocio para empresas estadounidenses". De esa diplomacia ha estado ausente el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que siempre ha considerado el conflicto un "asunto entre empresas", en palabras del ministro de Industria, Miguel Sebastián, dejando sola a Telefónica.

 

La española también piensa que su futuro pasa por Brasil, un mercado de casi 200 millones de clientes que se disputará con Oi, el consorcio de Claro y Embratel, en manos del mexicano Carlos Slim, y la filial de Telecom Italia. La francesa Vivendi, con GVT, tiene una presencia casi testimonial frente a estos tres gigantes.

 

Tal y como dijo Alierta recientemente a los inversores, con la operación se cierra el capítulo de grandes compras de la operadora. El dominio del mercado latinoamericano, una presencia relevante en China (Unicom) y una cómoda posición en Europa (O2) aseguran la diversificación y el tamaño suficiente para centrarse en el crecimiento orgánico.

 

La apuesta personal de Alierta pasa por compaginar ese crecimiento con un compromiso de retribución (dividendo de 1,75 euros por acción en 2012) que reafirmó ayer. La operación no es dilutiva (mejorará el resultado y la generación de caja desde el primer año) ya que se financia con deuda. La operadora ha cerrado un crédito sindicado con 29 entidades, de los que 5.000 se destinan a la compra y el resto para refinanciar deuda.

 

Entre las posibles sinergias de la operación está la posibilidad de acceder a multimillonarios créditos fiscales. Brasil es uno de los pocos países en que el fondo de comercio es fiscalmente deducible. Además, la reorganización societaria por la fusión de Telesp y Vivo podría generar también beneficios fiscales. Los analistas de Citigroup cifraban en 1.800 millones el valor de las sinergias fiscales, aunque la compañía no ha facilitado cifras. Los resultados de Vivo, que ahora consolidarán al 75%, también impulsarán los beneficios de la operadora.