El Gobierno presentó el viernes su propuesta de reforma laboral a los agentes sociales, cediendo sólo en parte a la petición de los sindicatos por retrasarla de nuevo o aligerar su contenido. Tras haberla pospuesto 15 días a petición de patronal y centrales, el Consejo de Ministros estudió el texto, pero sus claves no fueron dadas a conocer hasta que el presidente del Gobierno lo compartió, por la tarde, con los máximos dirigentes de CC OO, UGT, la CEOE y Cepyme, con la Bolsa ya cerrada, para evitar sobresaltos financieros.

Y es que José Luis Rodríguez Zapatero afrontó la cita como colofón a una de las peores semanas de desgaste que ha sufrido desde que accediera al Gobierno. A la comparación de la economía española con la de la maltrecha Grecia que hizo el comisario Joaquín Almunia, le ha seguido el mayor desplome bursátil desde 2008. Todo en medio de la confusión con la que el Ejecutivo ha gestionado su impopular propuesta de reforma de las pensiones, retrasando a los 67 años la edad de jubilación. Iniciativa que ha cernido sobre Zapatero la primera amenaza de huelga general de su mandato por el rechazo que ha suscitado en los sindicatos, hasta ahora, uno de los mayores apoyos que ha conservado pese a la crisis.

Por eso, cuando el secretario general de UGT, Cándido Méndez, recomendó el jueves que "no cometiera otro error" como el de las pensiones al presentar la reforma laboral, el presidente decidió invitarle a él, a su homólogo en CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y a los representantes de la gran patronal, Gerardo Díaz Ferrán, y de las pymes, Jesús Bárcenas, a la Moncloa para exponerles las líneas generales del acuerdo que se negociará en el diálogo social. Preparando a sus interlocutores a puerta cerrada y descafeinando los anuncios públicos, evitaba el temido debate público que, según los agentes sociales, podría "interferir" en el pacto salarial a tres años que tratan de ultimar estos días.

Contrato de "fomento de empleo"

Entre las propuestas sobre las que se consensuará la modificación del mercado de trabajo, Zapatero destacó el viernes la necesidad de "sacar todo el potencial del contrato de fomento". Esta modalidad -dirigida fundamentalmente a jóvenes y mujeres- tiene un coste por despido de 33 días por año trabajado en lugar de los 45 del modelo indefinido original.

Así, el presidente renovó su "compromiso con los trabajadores" para que "no se abarate el despido" pero abre la puerta a generalizar una modalidad ya existente con condiciones más bajas. Además, el documento insinúa la posibilidad de "hacer más atractiva" la contratación indefinida mediante la modificación de las cotizaciones sociales que los empresarios pagan a la Seguridad Social.

Aunque no lo especifica, éstas podrían disminuirse y ser compensadas elevando las que se pagan por los asalariados temporales, con el objetivo de acabar con la fuerte dualidad del panorama laboral español.

Más contratación a tiempo parcial

Otras de las medidas reseñadas por Zapatero son el "impulso de la contratación a tiempo parcial" y la creación de un "programa específico en cooperación con las autonomías" para ayudar a los "jóvenes con menor cualificación" a encontrar trabajo. A este último propósito contribuirá la "reordenación del sistema de bonificaciones" que prevé efectuar el Gobierno. El Ministerio de Trabajo considera que el reparto actual está "agotado" porque, a efectos prácticos, incentiva la contratación de todos los colectivos, con la excepción de los varones de entre 30 y 45 años. El nuevo objetivo, según Zapatero, es que sean los jóvenes los principales beneficiarios, así como los discapacitados y las mujeres maltratadas.

La efectividad de este plan a corto plazo será limitada, sin embargo, dado que de los 2.850 millones presupuestados, sólo el 10% está libre de obligaciones ya contraídas para redireccionarlo. La negociación incluirá completar las ayudas con los 3.000 millones repartidos como políticas activas entre las autonomías.

Impulso a las ETT

La modernización del Servicio Público de Empleo, y la eliminación de barreras para las agencias privadas de recolocación (ETT) también formará parte de las conversaciones. Así mismo, el Gobierno persigue una mejora de la formación que reciben los parados, para acelerar su acceso a nuevos empleos, impulsar la igualdad entre géneros en las empresas y reducir el absentismo laboral. Para ello, la Seguridad Social ampliará la supervisión que efectúa sobre las bajas por incapacidad temporal, que en 2009 ahorró 500 millones de euros.

Por último, Zapatero destacó que se adaptará en España el conocido como modelo alemán. Consiste en facilitar una reducción de costes a las empresas con problemas a través de la reducción de jornada de sus trabajadores, en lugar de por la vía del despido. Alemania lleva dos años aplicando esta medida en la que el Estado cubre la diferencia de salario que pierde el empleado mientras dure su nuevo horario, al tiempo que le ofrece formación. Los aspectos señalados suponen sólo el punto de partida de lo que será la reforma laboral definitiva que debe sellarse mediante el pacto social.

La amplitud de posibilidades que, por su inconcreción, deja abierta la propuesta del Gobierno para reformar el mercado laboral vuelve a dejar fuera, sin embargo, la persistente reclamación de la CEOE para abaratar el coste de la indemnización por despido improcedente. El documento sobre el que partirán las conversaciones del diálogo social ignora cualquier mención a la creación de un nuevo contrato único, con menor indemnización por despido.

El presidente Rodríguez Zapatero indicó, sin embargo, que la propuesta sobre contratos es "abierta" y que las líneas que apunta deberán ser negociadas y modificadas con la colaboración de los agentes sociales. Se trata de un mensaje de conciliación dirigido al presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, quien semanas antes había advertido que pese a compartir gran parte de los contenidos propuestos, no le gustaban "las líneas rojas" y la patronal se sentaría a la mesa tripartita con "ambición".

Sus palabras garantizan que el debate siga abierto pese a la negativa de las centrales sindicales. Después de todo, no todas las voces del gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero se encuentran en esta línea, y desde el Ministerio de Economía han surgido planteamientos encaminados a abrir esta senda.

Tampoco figura expresamente en el documento entregado por el Ejecutivo una reducción concreta, de forma permanente o temporal de las cotizaciones sociales que pagan los empresarios a la Seguridad Social. A medio camino se encuentra, sin embargo, la intención de reorganizar el coste de las cuotas que soporta la contratación indefinida, que se disminuiría, a la par que se incrementaría el gasto derivado de cada empleado temporal.

No por casualidad las dos grandes reformas ausentes fueron las que mayor fricción causaron en la anterior etapa del diálogo social.

La supuesta retirada de ambas en la recta final de las conversaciones, y su reivindicación a última hora por parte de la patronal fueron, según el Gobierno, el hecho determinante que hizo saltar por los aires la negociación del pacto social en julio del año pasado.